Queridos, en estos últimos días, en Repsol, ha puesto de manifiesto un muy interesante conflicto de intereses entre su Presidente Ejecutivo y el accionista más importante de la compañía, la constructora Sacyr, que ostenta el 20,01% del su capital. El tema de conflicto es el dividendo a cuenta a pagar a los accionistas con cargo al ejercicio 2009, ya que el Presidente Ejecutivo ha propuesto que sea de 0,425 euros por acción frente al 0,525 por el mismo concepto del ejercicio 2008. El Presidente Ejecutivo lo hace en base al descenso del resultado, consecuencia de la situación económica, ya la necesidad de continuar con la aplicación del plan estratégico de la compañía que pide una serie de inversiones en él previstas. Por su parte, el principal accionista, necesidad de liquidez y queriendo rentabilizar su inversión - 6.525,5 millones de euros desde el año 2006 - no quiere que el dividendo baje.

El conflicto es lógico, los intereses están contrapuestos, pero como que se trata de un dividendo a cuenta de los resultados del 2009, el sentido común señalaría prudencia, de manera que en la junta general de accionistas de la próxima primavera, con las cuentas ya cerrados, se decidiera el dividendo definitivo que fuera. Entonces se podría mantener al mismo nivel que el ejercicio 2008 hasta 1,05 euros por acción -, podría incrementarse - como ha sido en los últimos años - o podría bajarse.

Es cierto que Sacyr es el accionista de referencia con un 20% del capital y que está representado en el consejo, pero también lo es que el free float, el capital en manos de minoristas, es de casi el 61% - el 19% restante lo ostentan Criteria (9,28%), Pemex (4,81%) y Repinves (5,02%) - y hay un hecho que no se debe olvidar nunca: los accionistas son soberanos y ejercen la su soberanía en la junta general de accionistas. Es por ello que en el párrafo anterior decía que el conflicto tal vez mejor dirimirlo a la junta general de accionistas que verá el cierre del ejercicio 2009.

Conflictos corporativos de este tipo no tienen por qué verse en clave negativa, a fin de cuentas los intereses son legítimos y lo único que hay que preservar es la buena comunicación y el fair-play. Situaciones de estas, en las empresas familiares de segunda generación y siguientes, aparecen a menudo. No son raros los casos de un hermano presidente del consejo y consejero delegado (20% del capital, por ejemplo) y dos, tres o más hermanos que no intervienen en la gestión pero que tienen, también, parte del capital. El primero es el único que goza de rentas de la empresa, garantizadas vía salario, el resto de hermanos pueden no recibir ningún tipo de renta no pagando a dividendo. En algún momento, uno o varios de estos accionistas familiares pueden reclamar, pero el hermano presidente responde que ahora no toca porque están en marcha un conjunto de proyectos que requieren liquidado. El conflicto, ya no corporativo, sino familiar, está servido. En estos casos, sería bueno que las instituciones empresariales - junta general de accionistas, consejo de administración - funcionaran adecuadamente y permitieran que el conflicto familiar se convirtiera en lo que debe ser, un conflicto corporativo donde las mayorías decidieran qué acuerdo toman; acuerdo que quizá no sea lo mejor para la empresa, pero que es legítimo. En todo caso, todo dependerá del grado de responsabilidad y conocimiento empresarial de los accionistas, pero este es otro tema.

Conflictos como el de Repsol son positivos para la vida corporativa, obligan al funcionamiento de las instituciones de gobierno y, por otra parte, pasa en las mejores familias.

Josep Albet
23-11-2009